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El acuerdo aprobado contempla que la Generalitat Valenciana priorice “los problemas reales” del sistema educativo
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado en el pleno ordinario de marzo una moción en defensa de la enseñanza en valenciano. El acuerdo insta a la Conselleria de Educación a paralizar la implementación del nuevo modelo lingüístico en las escuelas valencianas por considerar que es “contrario a los principios legales y pedagógicos vigentes”.
La moción aprobada contempla exigir a la Generalitat Valenciana que priorice los “problemas reales” del sistema educativo: “Estabilidad del profesorado, mejora de infraestructuras y reducción de ratios”. La Corporación Municipal reclama también a la Conselleria de Educación el restablecimiento del papel de los consejos escolares como órganos competentes “para definir los proyectos lingüísticos de los centros y asegurar la participación equilibrada de toda la comunidad educativa, así como el respeto a la legalidad vigente”.
PSOE-PSPV, Compromís per Sagunt y EU-PODEM propusieron esta moción que ha sido presentada por el concejal de Educación, Raúl Palmero. El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor de las formaciones políticas citadas anteriormente, la abstención de IP y los votos en contra de PP y VOX.
Cabe mencionar que el documento acordado también exige a la Generalitat Valenciana la defensa del valenciano como “patrimonio cultural y lingüístico” de la Comunidad Valenciana para “promover su uso, aprendizaje y prestigio” desde las instituciones públicas. Finalmente, la moción propone reformular la ley que regula la enseñanza de las lenguas en el sistema educativo con el siguiente objetivo: “Que el alumnado valenciano domine las dos lenguas oficiales y, al menos, una lengua extranjera”.
En la exposición de motivos del texto aprobado se especifica que la consulta sobre la lengua vehicular supone: “Dar un paso más en una política que desvirtúa el marco legal vigente y pone en peligro la cohesión educativa y lingüística en la Comunidad Valenciana”.
El documento continúa aseverando que esta medida tiene como único objetivo “eliminar de manera progresiva la enseñanza de la lengua valenciana” en el ámbito educativo: “Presenta el aprendizaje del castellano y del valenciano como fenómenos contrapuestos y excluyentes, lo que obliga a las familias a escoger entre una falsa disyuntiva”.
Tal y como se explica en la moción, desde la recuperación del autogobierno, la Comunidad Valenciana ha construido la política lingüística en base al consenso y el equilibrio: “La aprobación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) en 1983 fue un ejemplo claro de este espíritu. Con la aprobación de la Ley del plurilingüismo en 2018 se dio un paso más en la consolidación de un modelo educativo integrado y equitativo”.
Según el texto aprobado en el Pleno: “La Ley 1/2024 impulsada por PP y Vox rompe con el consenso existente e impone un modelo basado en la segregación, así como fuerza una consulta sin garantías democráticas ni apoyo de la comunidad educativa”. De modo que se define a la consulta como “un instrumento con carencias para arrinconar la enseñanza en valenciano cuyas consecuencias serán la desigualdad, la segregación y la pérdida de calidad educativa”.
La exposición de motivos del documento termina con la afirmación de que la consulta es un “falso debate sobre la lengua que esconde los problemas reales” del sistema educativo: “La carencia de estabilidad en los equipos docentes, el nuevo decreto de admisión del alumnado que rompe con el principio de igualdad de oportunidades, la disminución de las becas y ayudas en el estudio, los recortes en la mejora de infraestructuras educativas y la falta de apoyo a los centros educativos afectados por la DANA”.
Cabe mencionar que actualmente la ley se encuentra en el Tribunal Constitucional, órgano que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de Compromís e investiga el incumplimiento de 28 artículos de leyes de rangos superiores.
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