Fotografía de archivo.
El Ayuntamiento de Sagunto alcanzó un acuerdo unánime en el Pleno correspondiente al mes de junio mediante el cual se compromete a estudiar de manera pormenorizada los costes aplicados con el objetivo de reducir lo máximo posible las tasas de basura a aplicar en 2026.
Además, se acordó mantener el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, orgánica y planta de transferencia 100 % público, rescindiendo en cuanto sea posible la subcontratación con empresas privadas para la prestación de estos servicios.

La moción, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos que conforman el Pleno, fue presentada por Iniciativa Porteña y defendida por el concejal Manuel González. La proposición, no obstante, contó con enmiendas del Partido Socialista y de Vox.
Dichas enmiendas añadieron a los acuerdos “instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a revisar y, en su caso, modificar la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el fin de permitir que los costes de la gestión de residuos puedan financiarse mediante fórmulas mixtas que combinen tasas específicas, recursos procedentes de los presupuestos municipales y otras figuras fiscales, evitando que recaigan exclusivamente en la ciudadanía” y admitiendo flexibilizaciones para reducir la tasa en la medida de lo posible conjuntamente con esfuerzos positivos hacia el reciclaje.
El texto expositivo de la proposición asegura que se ha generado una “ola de indignación entre los ciudadanos” al pasar de pagar 52 € en 2024 a 111 € en 2025, lo que supone “un incremento del 114 %”. La moción, además, hace hincapié en el pequeño comercio y la hostelería, cuya tasa “aún ha sufrido una mayor modificación”.

Se destaca, también, que los epígrafes que más han subido en el estudio de costes de la SAG han sido los relativos a los cálculos de costes asignados a recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), orgánica y de transferencia de RSU. En el caso de RSU y orgánica, el coste según el Plan Anual de Inversión y Financiación (PAIF) es de 4,46 millones de euros, por lo que la subida del gasto imputable ha sido de un 21,21 %, tal y como se detalla en el texto de la moción. Asimismo, se especifica que la transferencia de RSU “ha incrementado sus costes un 36,31 %”.
Además, “una de las subidas en presupuesto que llama la atención son los trabajos realizados por otras empresas precisamente en RSU y su transferencia”, lo cual afirma el texto de la moción que puede interpretarse “como una privatización encubierta de un servicio que siempre ha sido 100 % público”.