El Ayuntamiento de Sagunto insta a la Generalitat a reforzar la Agencia Valenciana Antifraude y a reinstaurar la Oficina de Recuperación de Activos

La corporación municipal de Sagunto acordó instar al Consell de la Generalitat Valenciana a recuperar y reforzar la independencia de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), instaurando el Código Ético y el Comité de Ética, y garantizando la elección de su dirección por mayorías reforzadas, así como a reinstaurar la Oficina de Recuperación de Activos (ORA) con tal de recuperar el dinero desviado ilegalmente en casos de corrupción.

Asimismo, desde el consistorio se condena “con total contundencia y sin ningún paliativo toda clase de corrupción, y más enérgicamente la que está vinculada a cargos públicos, partidos políticos y grandes empresas”. Así se aprobó el jueves en el pleno ordinario de la corporación correspondiente al mes de julio.

La moción, presentada por el grupo municipal Compromís per Sagunt y defendida por su concejala Maria Josep Picó, salió adelante con los votos a favor de todos los grupos políticos salvo PP y Vox, que votaron en contra.

Según se señala en la argumentación de la propuesta, este conjunto de instrumentos como la AVA o la ORA convirtió a la Comunitat Valenciana en una referencia internacional. “La organización Transparencia Internacional reconoció a la Agencia Valenciana Antifraude como un ejemplo de buenas prácticas”, se recuerda. “Sin embargo, los avances logrados se han visto gravemente amenazados y desmantelados en los últimos años. La pérdida de independencia de la Agencia, la eliminación de su Código Ético y del Comité de Ética, y la desaparición de mecanismos esenciales de control, evidencian una clara voluntad política de desproteger a la ciudadanía ante las malas prácticas y favorecer la opacidad”, se alerta en la moción.

En la exposición de motivos también se advierte de que “la corrupción representa una de las principales amenazas para las democracias modernas. No sólo supone un grave perjuicio para las arcas públicas, sino que debilita el tejido institucional, destruye la confianza de la ciudadanía en las administraciones, favorece el clientelismo y distorsiona la competencia económica”. En este sentido se explica que “genera una clara competencia desleal, donde empresas que actúan de forma honesta se ven excluidas por no querer participar en un sistema perverso de favores y sobornos”.

“Hay que recuperar los mecanismos de alerta, control y transparencia que garantizaban una administración limpia y abierta”, reclama la moción. “La democracia sólo puede consolidarse en base a la integridad, la rendición de cuentas y el respeto al interés general. No podemos permitir ni la banalización ni la normalización de la corrupción”, concluye el acuerdo municipal.