El viernes 12 de noviembre a las 12 h, ha tenido lugar la concentración en la puerta del Ayuntamiento de Sagunto con el lema ‘Per un finançament just’. Se trata de continuar haciendo fuerza y recordando la gran movilización social para reclamar una financiación justa para el ‘País Valencià’ y con este motivo la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha realizado dicha convocatoria a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Sagunto.
Este fin de semana hace un año de la gran movilización que aconteció en la ciudad de Valencia reclamando una reforma del Sistema de Financiación Autonómica a la que el Ayuntamiento de Sagunto se sumó también. Por ello, un año después, se vuelve a dar lectura del mismo texto y se continuará haciendo mientras que el sistema de financiación no es justo para el pueblo valenciano.
Durante la manifestación, el alcalde de Sagunto, Quico Fernández, ha leído el manifiesto aprobado por las Cortes Valencianas. “Cuatro décadas más tarde nos encontramos en un momento que requiere esa misma unidad para hacernos escuchar a una sola voz y conseguir un futuro sin más hipoteca que nuestra capacidad para generar riqueza, bienestar y progreso", leyó el alcalde. “El pueblo valenciano reivindica, más unido que nunca, conseguir plenamente los derechos reconocidos en nuestra Constitución”, expresó Fernández.
Por todo ello, en el manifiesto se exige una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica que posibilite a los valencianos y valencianas a disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) dignas, y que permita el ejercicio de las competencias propias (ocupación, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura y promoción económica), el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias en la Comunidad Valenciana, cifrados en al menos 12.433 millones de euros del 2002 al 2013, como también la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits y la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunidad Valenciana, y compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años.