La solución a la finalización de la concesión de Lafarge es uno de los puntos sobre los cuales el equipo de gobierno está centrando más esfuerzos para encontrar la fórmula que respete el espacio natural protegido, los intereses del vecinos y vecinas de Romeu, Tres Barrancos y Bonilles y la continuidad de la empresa en la ciudad.
El alcalde de Sagunto, Francesc Fernàndez, asegura que: "En primer lugar hay que dejar claro que no estamos ante un conflicto político, sino de un problema de legalidad, tal y como dejó patente la sentencia que declaraba válida la derogación municipal y autonómica al proyecto de ampliación. Es la legislación actual la que no permite la actividad extractiva en el monte de utilidad pública. Además, supondría la destrucción del bosque más importante y próximo del municipio. Sin olvidar la grave afectación a los vecinos y vecinas de la zona colindante".
Perímetro actual
De momento, el asunto ha quedado paralizado, después de la reunión mantenida entre representantes y técnicos de la empresa y municipales, durante la cual, quedó manifestado, por ambas partes, que el actual perímetro de explotación sería suficiente para poder continuar las extracciones 30 años más. "Es decir, que sin necesidad de tocar un solo árbol, la empresa podría funcionar hasta el límite legal de la concesión de un espacio público", señala el alcalde.
Los representantes municipales, han informado a la empresa de la imposibilidad de ampliar en la zona de las margas, porque esta ampliación supondría, además de no respetar el actual marco legal de protección forestal, un grave perjuicio a los vecinos de la zona y la ciudad en su conjunto.
Alternativas
Tal y como asegura "hay dos alternativas claras: la primera es buscar una cantera en un lugar compatible con la ley, fuera o dentro del término municipal; la segunda, profundizar la explotación dentro del perímetro actual, puesto que, como han reconocido representantes técnicos y legales de Lafarge, hay una reserva suficiente hasta el punto de que no se podría agotar en el momento de finalizar los 75 años máximos de concesión que prevé la ley."
La presión de los trabajadores y trabajadoras de Lafarge es "legítima pero está muy mal enfocada, porque como ya les he repetido en muchas ocasiones, la continuidad de la empresa y la garantía de sus puestos de trabajo pasa para buscar alternativas que respeten la ley y no para forzar soluciones al margen de esta. Son los intereses, no confesados, de la multinacional francesa los que están impidiendo una solución consensuada y ajustada a la legislación".
"En el plano político y personal entiendo y respeto su actitud y les pido exactamente lo mismo. Mi obligación es cumplir la ley y defender el interés general, es decir, que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas, y tomar decisiones responsables", concluye Francesc Fernàndez.
