El Ayuntamiento de Sagunto insta a la Generalitat a no equiparar los animales de compañía con otros animales

El Pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Sagunto acordó el pasado jueves, en la sesión ordinaria de octubre, instar al Consell de la Generalitat Valenciana a que en el Proyecto de Ley de Protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal se reconozcan y tengan en cuenta las funciones específicas y necesidades de cada uno en lugar de equipararlos todos a las mascotas.

En este sentido, la propuesta sugería también solicitar al gobierno autonómico «que mantenga el reconocimiento de la función específica de los perros de caza, quedando excluidos de la regulación que se dé por ley a los animales de compañía, en tanto se destinen a ese cometido y realicen dichas funciones, garantizando, en cualquier caso, su bienestar animal».

El punto, presentado por el grupo municipal del Partido Popular y defendido por su portavoz, Sergio Muniesa, salió adelante con los votos a favor de PSPV-PSOE, PP, Ciudadanos y el grupo de no adscritos, la abstención de Compromís e Iniciativa Porteña, y la negativa de Izquierda Unida.

La moción incluye una enmienda propuesta por el grupo municipal del Partido Socialista, y presentada por concejal delegado de Sanidad, Javier Timón, que fue aceptada por el ponente. Concretamente, se trata de una última adenda al final del segundo punto: «Garantizando, en cualquier caso, su bienestar animal».

La moción aprobada se hace eco de las reclamaciones ante esta nueva ley, que se encuentra en fase tramitación, ahora dentro del período de enmiendas, formuladas por parte de la Sociedad de Cazadores de Sagunto así como desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana y las principales organizaciones profesionales agrarias: La Unió de Llauradors i Ramaders y Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), quienes han manifestado su malestar y oposición a las enmiendas presentadas al proyecto de ley por los grupos políticos del propio gobierno autonómico, por lo que piden que éstas sean retiradas o modificadas antes de su votación en comisión parlamentaria, al considerar que imposibilitarían el ejercicio de su actividad en los diversos sectores afectados.

«Este malestar tiene su origen en lo que consideran la ruptura del consenso logrado en la norma durante el proceso de su elaboración y que ha quedado roto por completo al enterarse de que los grupos que conforman el gobierno autonómico han presentado una serie de enmiendas por las que se equipara a todos los animales sin tener en cuenta la función de cada uno de ellos ni su condición», se aduce en la exposición de motivos.

Según se señala en el argumentario, las organizaciones profesionales agrarias «consideran incomprensible y un tremendo error el que no se reconozcan las funciones específicas de cada animal ni se tengan en cuenta las necesidades de cada uno, equiparándolos con animales de compañía», y por este motivo piden a Les Corts «consensuar una ley realista y coherente, sensible a los intereses del mundo rural» así como «que se tengan en cuenta las aportaciones técnicas y jurídicas presentadas por los sectores afectados y que buscan por encima de todo el bienestar de los animales porque son los primeros interesados».

Otra de las críticas planteadas por estas entidades radican en cuestiones como la inclusión de «la esterilización de los perros en la mayoría de los casos», algo que, indican, «supondría el fin de los perros de pastoreo o de caza» y también de las labores de guías caninos o unidades cinológicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, se advierte de que este «endurecimiento injustificado de las limitaciones para la caza y otros sectores vinculados» que supondrían dichas enmiendas «sería superior a lo establecido en la legislación nacional».