El Ayuntamiento de Sagunto se posiciona a favor del acceso universal a las vacunas contra la COVID-19

El acuerdo alcanzado propone subrayar la importancia de que todos los Estados cooperen a escala mundial y se eliminen los posibles obstáculos que impiden garantizar las vacunas a todo el mundo; instar al Gobierno estatal y a la Comisión Europea a asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impidan a ningún país garantizar el derecho a la salud de su población; hacer una llamada a que Estados, empresas y organismos internacionales elaboren y apliquen políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para todas las personas; animar al Gobierno de España a colaborar con los mecanismos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para compartir conocimiento tecnológico y recursos contra la COVID-19; y mostrar el apoyo de la Corporación a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por estos objetivos.

La moción, presentada por el grupo municipal de Compromís y defendida por Pepe Gil, salió adelante con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís, Iniciativa Porteña y Esquerra Unida, el voto en contra de Vox y las abstenciones de Partido Popular y Ciudadanos.

La propuesta se argumenta sobre diversas cuestiones como el hecho de que las desigualdades mundiales se han visto agravadas a causa de la pandemia y de la crisis sanitaria, económica y social que conlleva asociada o que tan sólo diez estados concentran el 80% de las dosis administradas mientras en más de cien países aún no se ha administrado ni siquiera un vial del antídoto porque a estos lugares la vacuna aún no ha llegado.

Apunta, además, la moción que en este tiempo se han destinado más de 10.000 millones de euros de financiación pública para la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas y productos médicos contra el coronavirus. El argumentario señala, en este sentido, que la producción y distribución de viales constituye un extraordinario reto en materia no sólo de salud pública sino también de Derechos Humanos, y recuerda que desde la OMS y las Naciones Unidas se ha instado a que los antídotos deban ser accesibles a escala global para todas las personas.

Asimismo, se lamenta de que los acuerdos de propiedad intelectual y el sistema de patentes condicionen la producción y el reparto de las vacunas a causa del régimen de monopolio en que esto se traduce. «Fábricas con capacidad de producción de millones de dosis esperan respuesta de las compañías que poseen la patente mientras millones de personas esperan», se recalca, al tiempo que se puntualiza que esta espera tiene «notables efectos sobre la salud pública mundial y también sobre la economía global», en especial sobre la población en situaciones de vulnerabilidad.

De igual modo se alerta acerca del enorme riesgo que supone una vacunación a diferentes velocidades en función de la renta, algo que puede generar graves desigualdades e incluso alargar mucho la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia.