El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto correspondiente al mes de mayo aprobó instar a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo a aumentar el número de plazas ofertadas para la realización de las Pruebas Unitarias de Certificación del C1 de valenciano en la EOI de la Comunidad Valenciana. Asimismo, acordó instar a la Conselleria a que haga un diagnóstico sobre la oferta y la demanda de plazas para obtener una certificación del nivel de valenciano, en el cual pueda participar toda la comunidad educativa y los sindicatos.
La moción presentada por el concejal y portavoz del PSOE, Javier Raro, a la que se añadió una enmienda de Compromís, fue votada a favor por PSOE, Compromís y EU-PODEM, mientras que se abstuvo IP y votaron en contra PP y VOX.
La enmienda propuesta por Compromís y aceptada por el PSOE, añadió un nuevo punto a la moción, en el sentido de mantener y aumentar los recursos, profesorado y grupos de valenciano en las EOI de la Comunidad Valenciana para que el profesorado y los centros puedan enseñar y llevar a cabo las pruebas de certificación pertinentes del nivel de aprendizaje C1 y demás niveles de valenciano.
La moción asegura que en la Comunidad Valenciana «existe una amplia necesidad de certificar los conocimientos de valenciano que afecta a una gran parte de la población, también en Sagunto». A esto, se añade que estar en posesión del título que acredita el nivel de manejo del valenciano «es un requisito para acceder a muchos puestos de trabajo, especialmente para el acceso a la Función Pública autonómica».
Además, tal y como se cita en la moción, son diversos los organismos con capacidad administrativa y legal para realizar las pruebas y expedir los títulos oficiales: la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) y la Comisión Interuniversitaria de Estandarización de Acreditaciones de Conocimientos de Valenciano (CIEACOVA). «Sin embargo, la oferta de plazas es sustancialmente menor a la demanda».
«Esta realidad se materializa especialmente en el proceso de matrícula del turno libre para realizar las Pruebas Unitarias de Certificación (PUC) del C1 de valenciano en la EOI. El alumno oficial de la EOI que está matriculado en un curso de certificación tiene plaza garantizada y las restantes son las que se ofrecen a las personas que van por libre, es decir, que preparan el examen por su cuenta y se presentan directamente a la prueba», expresa la moción.
Además, se asegura que «son recurrentes» las quejas por parte del alumno libre, «pues las plazas para inscribirse en el examen se agotan minutos después de que se haya abierto el plazo para apuntarse. Así, personas que llevan todo el año preparándose para las PUC no tienen la oportunidad de acceder al título de certificación del valenciano, hecho que supone en muchos casos una desventaja u obstáculo para acceder al mercado laboral o a puestos de trabajo de mayor calidad».
Según datos reflejados en el texto de la moción, en 2022 las plazas que se ofertaron para el C1 de valenciano para el total de la Comunidad Valenciana fueron 4.436, «las cuales se agotaron con rapidez». Luego, en 2023, se habilitaron un total de 5.372 plazas a través de la contratación temporal de más profesorado.
Este año, en la convocatoria de 2024, y según ha explicado la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, «se han ofrecido 850 plazas, que es el máximo de solicitudes que pueden corregir el profesorado de la EOI». Además, «han descartado la opción de volver a contratar profesores y profesores externos con el fin de aumentar el número de plazas disponibles».
Esta disminución en la cantidad de plazas ofertadas «supone un perjuicio para todas las personas que necesitan un título acreditativo de su nivel de competencia en nuestra lengua, dado que este es muchas veces un requisito o, al menos, un mérito, para poder acceder a determinados trabajos en el sector privado ya la mayoría de los puestos en la Administración Pública valenciana».
La moción añade: «Garantizar el acceso a la educación y formación, también en diversas lenguas y, especialmente, en una de las lenguas oficiales de nuestro territorio, es un deber de las instituciones públicas, pero también una parte crucial de las políticas de empleo ». Y, por último, concluye: « Invertir en la formación académica de la ciudadanía en edad de trabajar es un elemento dinamizador del mercado laboral, al tiempo que permite reducir la tasa de desempleo y acceder a trabajos de mayor calidad, con más estabilidad y mejores salarios».