La Corporación Municipal acordó en el pleno ordinario del mes de abril instar a la reorientación las políticas de la Unión Europea (UE) y España priorizando la agricultura europea sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos; a la recuperación de la preferencia comunitaria para garantizar la soberanía alimentaria; y a buscar la reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como hacer una revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor.
La moción fue presentada por el portavoz de VOX, Alejandro Vila, y la votaron a favor PSOE, PP, IP y VOX, mientras que se abstuvo Compromís y votó en contra EU-Podem.
Asimismo, también se aprobó instar a un mayor control fitosanitario en los puertos de entrada de la UE, para evitar la entrada de plagas y enfermedades; evitar la prohibición de fitosanitarios sin alternativas eficaces en la lucha contra las plagas y enfermedades vegetales y potenciar la investigación de métodos no químicos; y flexibilizar los plazos y las exigencias establecidas por las iniciativas legislativas incluidas dentro del Pacto Verde Europeo.
Por otro lado, también se acordó mediante esta moción instar a la reducción de la burocracia de las políticas agrarias y, en el caso de la Política Agraria Común (PAC), régimen simplificado a los que perciben hasta 5.000 euros de ayudas directas; la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación y una PAC más mediterránea y que contemple la necesidad de apoyo a los sectores de secano y de nuestro modelo ganadero sostenible.
También se acordó solicitar las siguientes medidas: no denegar ninguna ayuda a jóvenes agricultores por falta de presupuesto; el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a perdidas y seguimiento de la misma, controles autonómicos y sanciones graves ante incumplimientos; promover cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta, deteniendo los recortes y ampliando las coberturas; abogar por una ley de emergencia por daños de fauna salvaje y otras medidas contundentes para reducir la superpoblación a unos niveles compatibles con el medioambiente y la actividad humana en el medio rural.
Por último, se aprobó instar a intensificar la vigilancia en las explotaciones y los centros de recepción de las mercancías robadas mediante la aplicación de nuevas tecnologías; construir infraestructuras para el almacenamiento y la distribución del agua desde las zonas excedentarias hasta las zonas deficitarias; y modificar los caudales ecológicos.
Tal y como se cita en la moción, «la Comunidad Valenciana posee más de 173.000 hectáreas de cultivo abandonadas, una cifra que crece año a año. La media de la población agraria asciende a 64,4 años, mientras que los jóvenes menores de 25 años tan solo representan el 0,3 % del total». Es por ello que «todo el sector agrario está realizando una potente campaña de movilizaciones en Europa para protestar por la crisis de rentabilidad que viene sufriendo desde hace años y reclamar una reorientación de las políticas agrarias y medioambientales que la Unión Europea impone a los agricultores y ganaderos comunitarios».
En la moción se asegura también que «el Pacto Verde Europeo ha consolidado la subordinación de la agricultura al discurso ideológico ecologista». Asimismo, se critica que la PAC «no aborda de manera adecuada las realidades y desafíos específicos del sector agrario». Por otro lado, se expresa que los acuerdos comerciales que la UE firma con países terceros «fomentan la competencia desleal que, en lugar de complementar la producción europea, la sustituyen en nuestros mercados».
Por último, se muestra un descontento porque «la Ley de la Cadena Alimentaria no se cumple, de manera que los productores siguen vendiendo en muchos casos por debajo de los costes de producción, los cuales han experimentado un encarecimiento sin precedentes con motivo de la sequía y las guerras en Ucrania y el mar Rojo».