El pleno de la Corporación acuerda que cualquier cargo institucional que se vacune saltándose el protocolo dimita

La moción fue aprobada con una enmienda de adición de Vox la cual señalaba, en primer lugar, que cada partido político se compromete a solicitar internamente la dimisión o cese de las personas que han incumplido el protocolo de vacunación, independientemente del municipio donde se haya realizado, demostrando la repulsa contra dichas actuaciones. En segundo lugar la enmienda instaba al gobierno central a que obligue a pagar el coste de la vacunación al completo, a las personas que no hayan cumplido con el protocolo.

Según recoge la moción, el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado 18 de diciembre, establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización: residentes y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.

Asimismo, el escrito señala que se han dado comportamientos políticos muy graves como los que hemos presenciado recientemente por parte del consejero y funcionarios de la Consejería de Salud de Murcia, así como los de diferentes alcaldes y miembros de equipos de gobierno de diferentes territorios, siendo estos vacunados frente a la Covid-19 saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, el cual contempla que: «en esta primera etapa, la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de exposición y transmisión».

No solo se trata de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda ética, sino que, la consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta escasez, implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se encuentran sin salir de sus casas por miedo a contagio mientras esperan su turno para ser vacunados que se han quedado sin recibir una de las dosis que les corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación.

Según el texto aprobado, todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía, que observa cómo este tipo de prácticas irresponsables, sumado a la gran descoordinación entre el gobierno central con el resto de Autonomías para la implementación del plan de vacunación, atrasa el proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de registros y situación actual del proceso de vacunación del territorio.

Por todo lo expuesto «se hace imperativo asegurar, desde las instituciones, la estrategia de vacunación en cada autonomía, tanto para ofrecer certidumbres a una ciudadanía que confía en el éxito de este plan para la superación definitiva de la pandemia, como para devolver la confianza en las instituciones que deben hacer efectivo dicho plan. El goteo de políticos saltándose el protocolo y beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes de que se le suministre a muchas personas que realmente la necesitan no puede volver a repetirse en ningún municipio ni comunidad de toda España. Son urgentes tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas para garantizar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará su puesto de manera automática».