El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto no aprueba el dictamen desfavorable a la resolución de Conselleria sobre la cantera Salt del Llop

Ya en el pleno ordinario del 27 de junio se produjo una situación similar cuando Compromís y ADN tampoco obtuvieron el respaldo de los demás grupos políticos, imposibilitando así la emisión del dictamen desfavorable, que contaba entonces con los mismos argumentos que el que se llevó al pleno ayer.

En este sentido, tras el veredicto reiterado del pleno por el cual el Ayuntamiento de Sagunto, como administración informante, no emitirá un dictamen desfavorable, está más cerca la aprobación definitiva por parte de la conselleria de Medio Ambiente de su última propuesta de resolución, recibida por el consistorio el 8 de septiembre. Ésta autorizaría a la cementera Lafarge a continuar su actividad en 33 hectáreas del monte Bonilles y otros (más conocido como montaña de Romeu) durante 24 años y 11 meses a partir del 1 de enero de 2018, es decir, hasta el año 2042. Para ello, la empresa quedaría obligada a ingresar al Ayuntamiento, como propietario del monte, el canon anual establecido en el pliego de condiciones del 5 de julio de 2016.

Según el informe de la conselleria, la ocupación se autorizaría “sin perjuicio de la reducción debida a superficies residuales incluidas en las que el uso extractivo sea incompatible con la normativa urbanística del terreno”. Además el periodo de casi 25 años incluiría la restauración del terreno y se indica también que durante los primeros 15 días de este plazo se verificaría “el amojonamiento o señalización de la zona, así como el levantamiento topográfico de la geometría de la cantera, de modo que quede definida la realidad física final del anterior expediente e inicial del presente”.

Por su parte, desde la delegación de Medio Ambiente, presidida hasta la fecha por la ya ex delegada Teresa García, se negaban a esta propuesta de la Conselleria basándose fundamentalmente en doce razones que el órgano autonómico no ha atendido, entre las que destacan algunas consideradas “de estricta legalidad”. Éstas hacían referencia: 1) al incumplimiento por parte de Lafarge de los límites acordados de explotación de la cantera; 2) a la incompatibilidad urbanística de algunos terrenos según el PGOU; 3) a la superación del límite máximo de concesión del permiso de ocupación acordado por el pleno, que es de 10 años; 4) al no reconocimiento del Proyecto de Restauración Integral de la cantera como mecanismo definidor de lo que se pueda extraer.