El Ayuntamiento de Sagunto, ante los casos de corrupción política que están golpeando la vida pública y la imagen de los cargos electos, exige la obligación de reponer el dinero público de los ciudadanos, por aquellos que han cometido los delitos y la actuación inmediata y pública, por parte de las formaciones políticas, para la separación de responsabilidades y/o representación de los corruptos.
Estas exigencias fueron aprobadas por unanimidad, mediante una moción presentada al Pleno el martes por Compromís y ADN Morvedre y propuesta por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Todos los grupos políticos, Compromís, Partido Popular, Esquerra Unida-PV, ADN Morvedre, Iniciativa Porteña, Partido Socialista Obrero Español-PSPV y Ciudadanos por Sagunto, acordaron también rechazar la corrupción en todas sus formas y luchar contra esta en todos los ámbitos de la vida pública, promoviendo la calidad de la democracia, presidida por la ética y la dignidad.
Por eso consideran necesario el cumplimiento riguroso de la Ley en los mecanismos de control de la gestión de las administraciones públicas y defender el nombre de la sociedad valenciana, trabajadora, honesta, y lamentar profundamente la estafa económica y moral a que los corruptos nos han sometido.
Según se afirma en el texto de la moción “Las últimas noticias de corrupción afectan de una manera muy negativa a la legitimidad de nuestras instituciones, porque además de la desvergüenza, nos demuestra que han fallado los mecanismos de control de los partidos y de las instituciones. Es el momento, no podemos esperar, tenemos que actuar, los ayuntamientos somos responsables de configurar una administración íntegra, impecable y honrada”.
Todos están de acuerdo en que la corrupción supone una amenaza para la estabilidad y seguridad de la sociedad valenciana, perjudica las instituciones y los valores de la democracia, la ética y compromete el desarrollo de nuestros pueblos. Es un gran mal que afecta muy negativamente ante la incomprensible realidad de que roban el dinero de todos, frente a los que están sufriendo los efectos de una crisis devastadora. Además, han aprobado la retirada de los honores públicos a las personas corruptas, en todas sus modalidades (placas conmemorativas, plazas, estatuas, condecoraciones, etc.) instando a las entidades ciudadanas al apoyo en estas acciones.
Finalmente reconocen que las instituciones tienen que promover y fomentar el rechazo de la corrupción, “es nuestra obligación, somos servidores públicos que tenemos que velar por una gestión pública responsable y de equidad sometida a la Ley. También, es nuestra responsabilidad, fomentar la cultura de los valores sociales, éticos y democráticos, apartando el modelo de sociedad que ha alimentado el método del «pelotazo» económico y en consecuencia, potenciar los sistemas de control de medios policiales, judiciales, así como de los organismos encargados de la vigilancia e inspección de la gestión pública”.
La FVMP representa a 542 alcaldes y a 5.782 concejales, cargos electos locales, que trabajan y prestan sus servicios con dedicación y honestidad, en su compromiso para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas desde una vocación de servidores públicos. Una gran mayoría son de pequeños municipios, sin retribución económica, pero con muchas ganas de trabajar por su pueblo. Sin embargo, la conducta delictiva de unos, supone un atropello al buen hacer público de los otros, la inmensa mayoría.