El Ayuntamiento de Sagunto reclamará al Gobierno Central que una vez finalizada la actual concesión de la gestión de la Autopista del Mediterráneo el 31 de diciembre de 2019 este pase a ser de gestión pública y gratuita. Además, que se aborde y elabore un plan en el que se prevean las actuaciones a realizar a partir del momento en el que la AP-7 deje de ser de peaje con el fin de mejorar su conectividad con las poblaciones y las redes viarias de las áreas por las que discurre. Por último, pedirá al Consell que traslade al Estado los anteriores puntos y exija cuentas al respecto en el término de dos meses. Esto se debe al acuerdo unánime al que se llegó, en relación con la moción propuesta por los grupos políticos PSPV-PSOE i Compromís a través de sus portavoces, Francisco Crispín (PSOE) y Pepe Gil (Compromís) el pasado 29 de mayo, en el pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Sagunto.
Para exponer dicha moción, basaron sus argumentos en que la Autopista del Mediterráneo es una infraestructura fundamental para la vertebración del territorio al ser una vía de comunicación entre las poblaciones costeras de la Comunidad Valenciana, y que el hecho de que se trate de una vía de pago supone un efecto disuasorio en su utilización, lo que conlleva al saturamiento de otras carreteras como las N-332 y N-340, aumentando así, su tráfico y peligrosidad.
Por ello, según refleja la moción, la salida natural de esa infraestructura es que finalmente sea gratuita, lo que supondrá una activación de la economía, así como para la optimización de las infraestructuras que discurren por la Comunidad. Pues, el peaje supone una infrautilización de la infraestructura, la cual debió liberalizarse en 2006, pero una ampliación del gobierno de Aznar hizo que la concesión se ampliase hasta 2019. Según el Gobierno, no existe previsión de ampliar el plazo de las concesiones de la AP-7, lo que supondrá el fin a más de 30 años de peaje.
Respecto al tramo que tiene concedido a la empresa Abertis, el de Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, existen declaraciones de su presidente negando que se vaya a producir una liberalización total. También, existen informaciones relacionadas con contestaciones parlamentarias, en las que se señala que el Ministerio de Fomento deja abierta la posibilidad de establecer un canon para el uso de esta vía.
Por estas cosas, la liberalización de la AP-7 genera muchas dudas y malestar, ya que el discurso del Gobierno Central ha ido cambiando, pasando de hablar de liberalización sin más calificativos a una liberalización que contempla nuevas formas de gestión, lo que se traduce en la posibilidad de admitir el pago una vez pase a ser de gestión pública.
En l'acord plenari s'apunta al fet que en el PSPV-PSOE, siempre han defendido el vencimiento de la concesión entre Tarragona y Alacant en 2019 sin prórrogas, y que lo han puesto de manifiesto reiteradamente, lo que no parece tener tan claro el gobierno del PP. Por eso entienden que por justicia y razones de competitividad de una zona que tiene un desarrollo, empleo y peso poblacional importante, es necesario que se garantice la gratuidad total y sin canon de la AP-7 a partir de la finalización de la concesión del 31 de diciembre del 2019.
