Roser Maestro (Esquerra Unida)
Sagunto se declara municipio opuesto a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, tras una moción que presentó Esquerra Unida en el pleno que tuvo lugar el pasado martes día 8 en el Ayuntamiento de Sagunto.
Dicha moción fue aprobada con los votos a favor de Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre y PSOE, el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Iniciativa Porteña y Ciudadanos.
Mediante esta moción, se solicita además, al Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno Español, su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los servicios socialmente útiles y la derogación inmediata de la “Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local” para legislar en su lugar una nueva normativa enfocada al desarrollo de la economía local. Se solicita también al Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos) y la no ratificación del CETA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE).
Se justifica dicha moción alegando que el TTIP supone una mercantilización de nuestras vidas y un sometimiento de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, al mismo tiempo que impide a los representantes elegidos administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas locales. Tal y como pretende establecer el TTIP, cualquier iniciativa reglamentaria municipal podría cuestionarse por las empresas transnacionales e inversores (ETN), debiendo pasar un filtro coste-beneficio y una evaluación de impacto comercial para poder aprobarse, lo que en la práctica llevaría a su bloqueo en la mayoría de los casos.
Según el texto presentado en la moción, la aprobación del TTIP contribuiría, en el caso del Estado español, a la planificada ofensiva del neoliberalismo conservador del gobierno estatal de desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local pretende como objetivos la restricción de la democracia y de la autonomía local, la supresión de competencias y servicios públicos locales y la total privatización de los servicios municipales.
