Unanimidad en el Pleno para solicitar la retirada del recurso contencioso administrativo sobre la expropiación de los terrenos de Parc Sagunt II

El Pleno Municipal, en su última sesión ordinaria de febrero, ha aprobado por unanimidad instar a la Generalitat Valenciana y a Espais Económics Empresarials a que retiren el recurso contencioso administrativo interpuesto en contra del justiprecio dictado por el Jurado Provincial de Expropiaciones de Valencia sobre la expropiación de los terrenos de Parc Sagunt II. Esta moción ha sido presentada por el grupo municipal de Ciudadanos y defendida por su portavoz Salvador Montesinos.

En la moción se explica que «nunca una administración había recurrido una decisión judicial al justiprecio para pagar la expropiación a los agricultores en Parc Sagunt II. No se entiende cómo después de haber obtenido un precio en el justiprecio, sea la abogacía de la Generalitat Valenciana quien interponga un recurso a la indemnización por los bienes expropiados».

Tal como se expone en la parte argumentativa del escrito, los precios oscilan entre los 9 y los 15,90 euros por m² y el justiprecio designado enmienda al alza la primera propuesta de Parc Sagunt II llegando a los 26,50 € el m²: «Es un escándalo y un atropello. Estamos hablando de una diferencia aproximada, de lo pagado por Conselleria al justiprecio, de 25 millones de euros. Ese dinero debe de estar en manos de los propietarios, de sus dueños, los agricultores. Es intolerable que se le esté dando una lluvia de millones a una multinacional y a los agricultores se les escatimen sus derechos y sus propiedades. No se trata de oponerse a la segunda fase de Parc Sagunt, y mucho menos a la instalación de la planta de baterías, que va a suponer empleo y riqueza para la comarca, pero no a costa del dinero justo que le corresponde a los agricultores y desde el Ayuntamiento de Sagunto no podemos consentir que se produzca una expoliación a los propietarios de los terrenos donde se ubicará la segunda fase del polígono industrial».

«Solo se puede entender, con este Recurso Contencioso Administrativo, que lo único que pretende la Administración es dilatar el pago dos o tres años, lo que supone tener los terrenos varios años sin poder producir y sin cobrar, sabiendo que, al final, el tribunal les dará la razón», destaca el escrito.