El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto ha propuesto lo que considera una “innovadora política fiscal redistributiva” con el objetivo de evitar los efectos del catastrazo en las familias de nuestra ciudad y mantener la recaudación municipal dada la necesidad de realizar un Plan Económico y Financiero como consecuencia de “los reiterativos incumplimientos de los principios de estabilidad presupuestaria”. La concejal delegada de Hacienda, Teresa García, ha presentado hoy esta propuesta a los distintos grupos políticos en la Comisión Informativa de Hacienda para que la estudien y la puedan dictaminar la semana que viene.
Con esto se pretende que haya una progresividad en los impuestos municipales así como ya ocurre con las BICES (empresas con Bienes de Inmuebles de Características Especiales), donde la ley permite una modificación del gravamen (Arte. 72.4) para que aquellos inmuebles con un mayor valor catastral (más de 1.000.000 de euros), contribuyan con un esfuerzo mayor, puesto que son sus propietarios los que disponen de más recursos para poder aportar a las arcas públicas.
En definitiva, se va a estudiar pedir un mayor valor fiscal a aquellos que más tienen, porque tienen mayor capacidad para aportar al municipio y para superar mejor la adaptación a la normativa presupuestaria, como consecuencia de no tener presupuesto municipal desde 2009 y de los reiterados incumplimientos de los principios de estabilidad presupuestaria, según se indica en la propuesta.
Hasta ahora las 37 empresas consideradas BICES aportan cerca de 6 millones de euros, y el resto de las 67 grandes empresas apenas aportan 1.100.000 euros. Por ello la propuesta que realiza el equipo de gobierno se centra en aplicar gravámenes previos al catrastrazo y que no se apliquen los máximos, tal y como ocurre con las BICES. Con esta modificación, las grandes empresas pasarían a aportar 1.700.000 euros de un máximo de hasta 2.100.000 euros, equilibrando de este modo el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Sagunto.
En palabras de la delegada de Hacienda, Teresa García: “Estamos aplicando una política fiscal donde quien más tiene, más pague. Con esta propuesta demostramos que se puede ayudar a las familias más necesitadas a hacer frente a un catastrazo injusto, del mismo modo que aquellos que sí pueden pagarlo ayuden con mayores aportaciones a la comunidad a realizar políticas para toda la ciudadanía, contribuyendo al bienestar de la ciudad”.
Con esta propuesta, el conjunto de los inmuebles dedicados al comercio con un catastro superior a 1.000.000 de euros aportarían un incremento de 77.742 euros, mientras que el conjunto de los inmuebles dedicados a la industria con un catastro superior a 1.000.000 de euros aportarían un incremento global de 539.192 euros. En el primer caso, la cuota media anual del IBI se incrementaría en 4.858 euros, mientras que en el segundo 11.003 euros, siendo el tipo de gravamen del 0’87 mientras que el tipo de gravamen de urbana residencial es del 0’57.
Asimismo, se propone la reducción del tipo de gravamen de rústica para estimular la agricultura, aplicando el tipo urbano del año anterior, en espera de poder diferenciar por usos tal y como ocurre con el IBI urbano, y gravar el uso residencial en terrenos rústicos.
Por último, cabe resaltar la exención del IVMT (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) tanto para los vehículos eléctricos como para los vehículos históricos (que reglamentariamente tengan reconocida dicha peculiaridad) y bonificación del 50 % para los vehículos híbridos, con el fin de incentivar el uso de automóviles ecológicos.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se propone una actualización de calles.
