La propuesta del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto respecto a la ordenanza municipal reguladora de la tasa por instalaciones desmontables de mesas y sillas en terrazas y similares consiste en la disminución del precio en zonas de menor valor y el aumento en las de mayor valor, según los datos del catastro, una vez restada la subida del “catastrazo” y teniendo en cuenta los precios de mercado de los alquileres.
Actualmente, los interesados pagan una tasa de 41’2 euros por metro cuadrado y año. Por su parte, el Equipo de Gobierno propone ahora que el precio sea de 45’33 euros por metro cuadrado y año en las zonas de más valor; y de 36’68 euros por metro cuadrado y año en las zonas de menos valor.
Según ha explicado la delegada de Hacienda, Teresa García: “Los valores actuales incorporan una reducción del 8% sobre la base del cálculo que nos permite situarnos a niveles parecidos previos al catastrazo. Para determinar el precio se han tomado como referencia los valores catastrales y los servicios comunales que recibe el espacio público (alumbrado o limpieza). Sobre este precio se ha contrarrestado el efecto catastrazo con la reducción del 8%, que es lo que ha indicado la Dirección General, puesto que nos encontramos en sobrevaloración en nuestra ponencia con datos actualizados. Para comprobar este precio se ha hecho el estudio del precio del alquiler por metro cuadrado en locales comerciales y está en la misma línea, por lo tanto estamos ante valores justificados técnicamente”.
“La diferencia con Valencia se da por la no actualización de los valores catastrales en la ciudad. Además, en otras ciudades como Alaquàs la tasa se sitúa en 30€ por m2 y año, y en Aldaia a 49 euros por m2 y año”, ha especificado García.
Tal y como afirma la delegada de Hacienda, de este análisis se puede destacar: “Estamos trabajando en el orden de magnitud correcto para el servicio que se presta, y parecido, o incluso más barato que en ciudades medianas como la nuestra. Así pues, no aceptamos argumentos demagógicos y falsos como los que están utilizando interesadamente otras fuerzas políticas. Asimismo, distinguir por zonas de valor es una medida adecuada, porque los fines lucrativos no son los mismos en la playa o en la Glorieta que en cualquiera otra calle”.
Por otro lado, otra de las propuestas que se está estudiando es la determinación de módulos de 4 m2 para facilitar la tarea de inspección, de forma que cada módulo se corresponde a una mesa con 4 sillas. Sobre esta propuesta, García ha remarcado dos cuestiones: “La primera, este es el punto de partida que propuso el Partido Popular la pasada legislatura, por lo tanto quien lo ha desarrollado fue el anterior Equipo de Gobierno, el cual ni siquiera se planteó una variación al respecto. Este Equipo de Gobierno está dispuesto a estudiar, y así lo ha transmitido al resto de fuerzas políticas en comisión, la determinación de la superficie por módulo. Se han pedido los informes de los arquitectos correspondientes que justifican que un módulo ocupa 4 m2, por lo tanto, nos parece de muy mal gusto que, sobre una propuesta que se está trabajando de forma abierta y participativa, se establezcan posiciones que no son ciertas”.
García ha destacado que esta propuesta está debatiéndose en comisión y que también se hará con los sectores afectados, puesto que se entiende que incorpora novedades y exigencias que requieren cierta flexibilidad para su adecuación, por lo tanto “no existe mayor carencia de participación que la de aquellos que quieren contaminar el debate para sacar rédito político. Si esta es la forma de participar de la Oposición tal vez habría que superar la institución y hablar directamente con los afectados, porque en este caso ciertos interlocutores son más bien intoxicadores”.
Hay que recordar también que no actuar, en este caso, por parte del Ayuntamiento, es completamente irresponsable, puesto que a día de hoy la gran mayoría de las terrazas de la ciudad se encuentran en situación irregular y es necesario encontrar una solución de consenso que aporte seguridad jurídica a los usuarios, promotores y al propio ayuntamiento. “Estamos dispuestos a trabajar con flexibilidad, entendemos que es posible una solución progresiva y sabemos que se trata de una actividad que afecta a pequeños negocios que queremos apoyar. Queremos ayudarles a que mejore la seguridad de sus actividades, sin que les cueste más. No entendemos este ruido mediático cuando estamos hablando de prácticamente el mismo precio para las zonas de más valor y de una rebaja para las otras y estamos seguros que se llegará al consenso necesario entre todas las partes, a pesar de los especialistas en broncas que tenemos en la bancada de la oposición”.
