La delegada de Igualdad lee en puertas del consistorio la moción que se llevará al Pleno para que el Gobierno Central aumente la partida contra la violencia de género en los PGE

19 junio 2017
La moción se ha leído en el marco de las actividades del #19JAlertaFeminista y es una solicitud de la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre
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El programa de actos del #19JAlertaFeminista, organizado por asociaciones y colectivos feministas del municipio con la colaboración y el apoyo de la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto, ha continuado esta tarde con la lectura de una moción que se llevará al próximo pleno ordinario para instar al Gobierno Central a que destine una mayor suma económica a la partida para la prevención de la violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
 
Tras una nueva lectura del manifiesto del #19JAlertaFeminista por parte de Raquel Gaspar, de la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre, la concejala de Igualdad, María Giménez, ha sido la encargada de leer la moción, que es una iniciativa de la Coordinadora. El documento recoge que la presión política y social de los colectivos feministas ya ha hecho que en este proyecto de PGE 2017 la cuantía inicial de la partida de prevención de violencia de género se incremente en un 25,7% con respecto al año anterior, pero se denuncia que la cantidad sigue siendo un 2,20% menor que en 2010. Además, se congela la cantidad de algo menos de 20 millones para el programa 232B Igualdad entre mujeres y hombres, lo que supone un 41,2% menos de inversión que en 2010, según el documento.
 
 
En la moción se exige que el presupuesto ascienda, de los 51,4 millones previstos actualmente entre los dos programas (lo que supone el 0,011% del total de los PGE), a 120 millones de euros. Se destaca que, de no ser así, “sería una ofensa y una burla a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género”.
 
También se resalta “la nula inversión en la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y en los medios de comunicación, el no cubrir la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul, no mejorar la respuesta policial y judicial y no cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales”.


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