El Equipo de Gobierno investiga la situación y el uso de más de 40 móviles municipales de alta gama

El concejal de EU, Guillermo Sampedro, hace públicas las sospechas de que exconcejales y exconcejalas, e incluso familiares suyos, todavía no han devuelto los teléfonos


(De izqda a dcha.) Los concejales Sergio Moreno (ADN Morvedre), Pepe Gil (Compromís) y Guillermo Sampedro (Esquerra Unida)

El Equipo de Gobierno actual del Ayuntamiento de Sagunto, Compromís, Esquerra Unida y ADN Morvedre, ha hecho público hoy que el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular hizo gestiones para que Vodafone entregara desde enero de 2014 a mayo de 2015 al ayuntamiento un total de 40 móviles de alta gama (iPhone 5, iPhone 6 y Samnsung Galaxy 6), además de otros modelos, a cambio de contratar al menos 60 nuevas líneas de las cuales no se ha hecho uso y por las cuales se estaban pagando más de 1.000 euros mensuales y con una permanencia de un año. Cada unidad móvil está valorada, según la marca y modelo, entre 400 y 900 euros.

El concejal delegado de Patrimonio y Contratación, Pepe Gil, ha explicado que el actual Equipo de Gobierno ha podido negociar con Vodafone la baja de esas líneas, puesto que de no haber sido así, el gasto anual hubiera llegado aproximadamente a 13.000 euros.

Como ha argumentado, durante la pasada legislatura se adquirieron gratuitamente como contraprestación, desde Alcaldía, algunos terminales móviles de alta gama y otros elementos de apoyo tecnológico para facilitar el trabajo de los concejales y el personal dedicado a su apoyo y asesoramiento, únicamente en el desempeño de sus funciones públicas.

A mí y al Equipo de Gobierno, nos resulta bastante desagradable hacer esta rueda de prensa porque viene a reflejar la situación en la que el ayuntamiento en algunas cosas ha hecho dejadez de funciones al no registrar las cosas de la forma en que se tenía que hacer. En particular, vamos a centrarnos en el uso y el abuso que se ha hecho de la distribución de equipamientos de telefonía móvil y alguna tablet por el anterior Equipo de Gobierno”, ha dicho el concejal a los medios de comunicación.

En un documento escrito, el Equipo de Gobierno afirma que de este modo, a partir de la información facilitada por VODAFONE, se constata que durante la pasada legislatura, desde la Alcaldía y por medio de gestiones del anterior delegado de Nuevas Tecnologías se adquirieron terminales telefónicos de alta gama y otros elementos de apoyo tecnológico que a día de hoy todavía no han sido localizados, puesto que todavía no forman parte del inventario de bienes municipales. El Equipo de Gobierno ha afirmado que en caso de que los teléfonos móviles no aparecieran, se tomarán las medidas legales oportunas.

Para poder conocer quién dispone de estos equipos móviles, desde Patrimonio y Contratación se ha instado a los jefes de departamento y a los portavoces de los grupos políticos a que faciliten la información necesaria para el correcto inventariado de los mismos, incluyendo la información relativa a los concejales y liberados de la anterior corporación.

 

"La no devolución de los móviles supone un hecho grave de usurpación patrimonial o apropiación ilegítima de bienes públicos"

Gil ha declarado que: “La no puesta a disposición del material tecnológico por parte de antiguos cargos, supone un hecho grave de usurpación patrimonial o apropiación ilegítima de bienes públicos, para ser destinados a usos particulares, lo cual es absolutamente inadecuado y supone el incumplimiento explícito del ordenamiento jurídico que regula el patrimonio de las administraciones públicas”.

El concejal de Esquerra Unida, Guillermo Sampedro, ha declarado que “este es un comportamiento muy poco ético de las personas que a unos pocos días de las elecciones, yo creo que pensando que iban a conservar la Alcaldía, contrataron esas líneas de telefonía nuevas para poder disponer de aquello que yo entiendo que es un capricho. Los caprichos que se los pague cada uno o cada una, porque el Ayuntamiento no está para eso. Esto es propio de gente que no distingue entre qué es lo suyo y qué es lo de todos. Es propio de gente que se cree que el Ayuntamiento es su cortijo particular. Sospechamos que hay exconcejales y exconcejalas, que ya no tienen ninguna vinculación con el Ayuntamiento de Sagunto, que todavía disponen de estos teléfonos de alta gama y que no los han vuelto. Igualmente sospechamos que hay familiares de exconcejales y exconcejalas del anterior Equipo de Gobierno que disponen de teléfonos municipales que tampoco han devuelto.

Hemos descubierto más pufos de este tipo que tienen que ver con otros departamentos, que todavía estamos investigando y que cuando tengamos más pruebas daremos a conocer
”.

A las pocas semanas de acceder en el gobierno del Ayuntamiento, el actual equipo formado por Compromís, ADN Morvedre y EU contactó con la compañía adjudicataria para que facilitara terminales para distribuir entre los nuevos concejales. Sin entrar en detalles la empresa insistió en que no era posible facilitar teléfonos móviles, puesto que el mes anterior (mayo de 2015) había entregado en el Ayuntamiento 16 terminales de alta gama (iPhone 5, iPhone 6 y Samsung Galaxy 6) y entendía que no era posible distribuir más teléfonos a coste cero.

En la antesala del despacho de la Alcaldía apareció una caja de cartón con gran cantidad de tarjetas de teléfono móvil, que después de comprobar que estaban de alta y que el Ayuntamiento de Sagunto pagaba por ellas a pesar de no ser utilizadas se dieron de baja, aunque la compañía telefónica indicaba que el acuerdo logrado con el Ayuntamiento es que estuvieran de alta, aun sin servicio 12 meses para compensar la entrega de los últimos teléfonos móviles de altísima gama.

La Ley 33-03 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones Públicas, y entre los muchos aspectos que regula nos indica que el patrimonio de las administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, sea cual sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual  hayan sido atribuidos y obliga a las administraciones públicas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten necesarias para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.