La Junta de Gobierno adjudica por 15.972 euros el contrato de la Asesoría Jurídica en Inmigración del Ayuntamiento de Sagunto

Este servicio ofrece información, orientación y asesoramiento en la tramitación de expedientes, así como fomenta la participación ciudadana
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sagunto, a propuesta de la delegación de Bienestar Social, ha aprobado adjudicar el contrato menor para prestar los servicios de la Asesoría Jurídica en materia de Inmigración a Mónica Rives Bueno, por un importe total de 15.972 euros (IVA incluido).
 
La delegada de Bienestar Social y portavoz del Equipo de Gobierno, Davinia Bono, ha destacado: Con este servicio ayudamos y asesoramos a los nuevos vecinos que han decido venir a vivir a nuestra ciudad en los trámites que necesiten realizar para facilitar su adaptación y conocer nuestra cultura, nuestra tradición y señas de identidad”.
 
Cabe destacar que el servicio de la Asesoría Jurídica en materia de Inmigración lo presta un licenciado/a en derecho con conocimientos en materia jurídica de inmigración. Concretamente, ofrece información, orientación y asesoramiento para tramitación de permisos de residencia y trabajo, solicitudes de asilo y reagrupación familiar, nacionalidad para menores, etc. Además, se encarga de la tramitación y el seguimiento hasta la resolución de los expedientes de las demandas que se atienden en el servicio.
 
Además, el servicio también se encarga de fomentar la participación de los ciudadanos inmigrantes en acciones formativas de carácter grupal (entidades profesionales, etc.) o de carácter comunitario (población en general) que se organicen desde el departamento de Servicios Sociales o desde cualquier otro departamento municipal que trabaje en materia de inmigración.
 
Entre las obligaciones de la persona adjudicataria destaca la presentación en el departamento municipal de Bienestar Social de una factura detallando el número de personas atendidas, los servicios prestados, asesoramientos realizados a la Corporación Municipal, a los diferentes departamentos y la participación en foros relacionados con la inmigración en los cuales participe el consistorio. Además, deberá disponer de un sistema de localización y comunicación rápida y directa, así como elaborar memorias del servicio y propuestas de mejora.
 
El contrato tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2015, con posibilidad de prórroga durante un año más. ​