El alcalde de Sagunto y vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Quico Fernández, en una reunión mantenida hoy en la Diputación de Valencia con el diputado valenciano, Joan Baldoví; los vicepresidentes de la entidad, María Josep Amigó y Xavier Rius, y con la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha denunciado lo que él considera como una política restrictiva del Gobierno Central en materia de financiación de las corporaciones locales.
“A pesar de que estamos haciendo una gestión por mantener una estabilidad para conseguir recursos y no malgastar el dinero, nos encontramos que la normativa estatal del gobierno de España nos obliga a dedicar lo que ahorramos a pagar a los bancos cuando nosotros no es que no queramos pagarles, sino queremos ayudar a las personas” ha manifestado el alcalde, a lo que ha añadido que en Sagunto igual que en muchos otros municipios “hay mucha gente que necesita la ayuda de las administraciones más que los bancos, a los que ya se les ha ayudado mucho”.
Fernández asegura que lo que se pretende desde el Ayuntamiento es invertir esos ahorros, que en Sagunto ascienden a tres millones de euros, en ayudas sociales mediante un plan de empleo tal y como se anunció esta misma semana. La aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad es, en palabras del alcalde, restrictiva y no contempla lo que dice el artículo 158 de la Constitución Española sobre necesidades básicas. “La manera de aplicar esta ley es, por tanto, anticonstitucional o al menos no respeta el espíritu de la Constitución, ya que si hay una deuda es con las personas que no tienen recursos y que han sufrido los recortes”. Además añade que existe un déficit social que cada día cubren las administraciones locales y que la deuda con los bancos es secundaria. “No lo decimos desde el convencimiento como partido, sino como que este deber que tenemos con las personas lo establece la Constitución”, añade Fernández.
Para Fernández, la estabilidad es un objetivo que deben perseguir todas las administraciones, pero no se tiene que interpretar de manera estricta, ya que, tal y como afirma, en Europa no hay ningún país que obligue a destinar el superávit a pagar las deudas financieras. El alcalde ha concluido diciendo que la estabilidad “es un objetivo deseable y no puede ser una losa que tengamos sobre nuestra cabeza y que acabe aplastándonos”.