El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprueba la moción que exige al Gobierno una financiación justa. En sesión ordinaria del pasado martes 31 de octubre, Compromís presentó la moción que reclama un modelo de financiación con suficientes recursos y repartidos equitativamente entre todas las autonomías. La votación resultó favorable con los votos a favor de todos los grupos políticos, menos los votos en contra del grupo Popular.
La moción pide una financiación que permita a los valencianos y valencianas poder disponer de unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer sus competencias propias. También solicita un reparto y ejecución de las inversiones que acabe con el déficit inversor en la Comunidad Valenciana, así como el reconocimiento del déficit histórico acumulado directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación. Además, se pide el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no empiece a aplicarse lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.
Otro de los acuerdos que plantea la moción es la adhesión al manifiesto ‘Por una financiación y unas inversiones justas para la Comunidad Valenciana’, promovido por la CEV y los sindicatos UGT y CCOO, así como trasladar este acuerdo al Gobierno del Estado para que sea conocedor de la discriminación que padecen los valencianos y valencianas y poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los hechos que se plantean en la parte expositiva por si constituyen un delito de vulneración del artículo 138 y/o de otras disposiciones legales.
Según la moción de Compromís, hasta hoy ninguno de los diferentes sistemas de financiación ha tratado con justicia a la Comunidad Valenciana. Este mismo año, cada valenciana y valenciano recibirá 237 euros menos que la media de ciudadanos y ciudadanas del Estado, o 839 euros menos que la autonomía mejor financiada. La moción explica que estas cifras equivalen a un 10% y 29% menos de recursos, respectivamente.
Somos la autonomía que menos recursos por habitante recibe; la única que, aun siendo pobre, aporta al conjunto del estado. El resultado es insoportable para la ciudadanía valenciana. Ante esta prolongada discriminación, ya en el año 2013 la Comisión de Expertos para el diseño de un nuevo modelo de financiación señaló que el problema se remonta al inicio de los sistemas de financiación autonómica. Ese primer año, la Generalitat Valenciana promovió el ‘Manifiesto para una financiación justa para la Comunidad Valenciana’, y en 2016 el ‘Manifiesto para una financiación justa’, al que le siguieron acuerdos conseguidos por unanimidad en Las Cortes Valencianas que denunciaban la marginación de los valencianos y valencianas en materia de financiación e inversiones, cita textualmente la moción.
Además, tal y como recoge el texto aprobado, esta discriminación vulnera de manera flagrante el artículo 138 de la Constitución en el que el Estado garantiza el principio de solidaridad y vela por el establecimiento de un equilibro económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, así como no privilegiar económicamente a Comunidades Autónomas.
